La teoría de la justicia plantea que todas las personas poseen derechos naturales que y que deberían ser amparados por la ley y la sociedad. Así se tiene que las personas pueden obtener lo que se merecen siempre y cuando se respeten los derechos de los demás. Para tener una mejor comprensión del tema de la justicia, se plantearán dos problemas concernientes al mismo utilizando el caso Petroperú como ejemplo.
El primer problema sería el del comportamiento inaceptable de Rómulo León Alegría y de Alberto Quimper Herrera, al discutir acerca du su “faenón” en la entrega de ciertos lotes a la empresa noruega “Discover Petroleum” a cambio de dinero. En esta acción está incluido el representante legal de dicha empresa en Perú, Ernesto Arias Schreiber. Los tres involucrados discuten secretamente las ganancias de alrededor de $10000
mensuales. El problema surge cuando los papeleos legales que deberían amparar la concesión, resultan ser elaborados de manera fraudulenta por el abogado Quimper. De esta manera, al presentar los documentos, la empresa petrolera peruana aceptaría definitivamente la concesión de las áreas mencionadas para le exploración y luego explotación de petróleo. El beneficio para los involucrados, que además incluía al presidente de Petroperú, Cesar Gutiérrez, en este caso, es que cada parte recibirá una retribución monetaria por su participación. Sin embargo, esta acción fue injusta, ya que fue una unión entre ciertas partes interesadas que impidió que otras personas se vieran beneficiadas con este acto fraudulento, violando así su derecho a participar de forma lícita y verídica. Es decir, se manchó la imagen institucional de la empresa, y fue tildada como una empresa fraudulenta. Así, tuvieron que rendir cuentas por una acción de la cual ellos no fueron participes, resultando afectados por tal situación.
El segundo problema: es el involucramiento de representantes del estado en el comportamiento ilícito de Petroperu y Perúpetro, así como de altos directivos del partido aprista peruano. Según los audios, Quimper da a entender que, efectivamente, un miembro del gobierno está involucrado en la corrupta concesión de las 5 áreas que se le quieren entregar a DP. Menciona que se trata del ministro de energía y minas, Juan Valdivia. Es en este punto en el que surge un gran problema ético, difícil de solucionar. Valdivia niega rotundamente el tener conocimiento alguno sobre el triángulo fraudulento PetroPerú-DP-PerúPetro. Abogó que se sintió consternado con lo sucedido, e inclusive el presidente Alan García, quien tomo las medidas necesarias en el momento oportuno, le otorgó su apoyo y total confianza. No obstante, queda en duda si, efectivamente, Valdivia ignoraba tales acontecimientos. De ser verdad que el ex ministro no tenía conocimiento alguno acerca de las acciones tomadas por los demás involucrados, entonces su renuncia sería injusta, ya que esta habría sido forzada por la situación en la que se encontraba. Esto hubiese violado todo derecho de realizar sus labores de manera honesta y transparente. De cualquier modo, el derecho a tener una imagen internacional limpia del gobierno, se vio afectada por las actividades ilegales de los implicados en el tema. Por: Daniella Cortez
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